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¿Qué se esconde detrás del escándalo de Megabús?


La fecha del 21 de agosto, cuando se conmemoró un nuevo aniversario de operación de Megabús quedará marcada en el calendario como una de las jornadas más críticas para el sistema de transporte masivo que sirve al área metropolitana de Pereira y Dosquebradas.

Al tiempo que en  el intercambiador de Cuba se realizaban algunos actos culturales y artísticos con motivo de esos primeros 13 años, en la sede de la empresa se llevaba a cabo una tormentosa reunión extraordinaria de la junta directiva en donde se puso contra los palos, como se dice en el argot popular, al gerente Ómar Alonso Toro Sánchez por la firma de un otrosí al contrato de concesión No. 02 de 2004, suscrito con la firma Integra que opera la cuenca de Dosquebradas.

Contra Toro se fueron lanza en ristre casi todos, desde el Alcalde Juan Pablo Gallo hasta columnistas y candidatos a la alcaldía de Pereira, con el argumento de que por la cuantía del contrato el gerente de Megabús no tenía autorización para firmarlo y que tampoco le consultó ni a la junta directiva ni al propio alcalde.

Ese miércoles, 21 de agosto, la junta no llegó a ningún lado por la ausencia de algunos miembros muy significativos, entre ellos los delegados del Ministerio del Transporte que aún no han sido designados, pero de manera simultánea el Alcalde Gallo decidió solicitarles a la Procuraduría Regional y a la Contraloría Municipal de Pereira la revisión de legalidad de la documentación en cuestión. Y dos días después, en declaraciones a los medios de comunicación anunció su decisión de pedirle al renuncia a Toro.

De paso, se convocó para este lunes, 2 de septiembre, a reunión ordinaria de la junta directiva, en donde se espera que se tomen decisiones tanto sobre el otrosí del contrato como de la continuidad del gerente de Megabús.

La controversia

El pasado 12 de agosto, Ómar Alonso Toro, en su calidad de representante legal de Megabus suscribió con Integra el Otrosí No. 7 al contrato de concesión para la prestación del servicio público de transporte masivo – operación troncal y alimentadora de la cuenca Dosquebradas.

Dicho contrato, el número 02 de 2004, tuvo antes de ello otros seis otrosí por distintas circunstancias, entre ellos el No. 02 de 2006 en la denominada fase de operación temprana que se extendió de 12 a 15 años. Al establecer que los kilómetros recorridos no computables de la fase de operación temprana se fijó como fecha de inicio de esta etapa el 30 de septiembre de 2006. En tales condiciones la fase de operación plena quedó con fecha de inicio el 1o de octubre de 2008 y, en consecuencia, su finalización sería en septiembre de 2023.

Sin embargo la crisis de Promasivo, el operador de la cuenca Cuba, obligó a Megabús a adoptar una operación de contingencia que se prolongó desde el 2012 hasta el 2018, la cual fue soportada por Integra. En consideración de esta situación, en el Otrosí No. 7 las partes determinaron extender la fecha de culminación de la fase de operación plena hasta el 22 de abril de 2027, fecha a partir de la cual se deberá suscribir el acta de finalización, “con lo que se compensaría a dicho operador el uso que hizo el ente gestor de las exorbitancias del contrato de concesión, en el que le ordenó por cerca de siete años al operador Integra SA, recorrer kilómetros adicionales a los que le correspondían contractualmente y que hacían parte de la programación de servicio que debió haber sidio cumplido por el operador Promasivo S.A, lo que le acarreó sobre costos de toda índole, desgaste prematuro de su flota”.

Estas decisiones administrativas fueron adoptadas por el gerente Toro Sánchez tomando como base el concepto jurídico emitido por Luis Fernando Galvez Montoya, profesional especializado del área jurídica de Megabús, así como el concepto desde el punto de vista del entorno financiero y de inversión suscrito por Carlos Arturo Orozco, ingeniero industrial y magister en administración económica y financiera de la Consultoría en Proyectos e Inversiones.

¿Tenía o no facultades?

A todas estas, buena parte de la polémica gira alrededor de si el gerente de Megabús estaba o no estaba facultado para firmar un documento de esta naturaleza, acerca de lo cual hay multiplicidad de opiniones. Como decía un conocido jurista: “lo único absoluto en derecho es que todo es relativo”, con lo que quería hacer entender que hay tantos conceptos jurídicos como abogados puedan existir.

Algunos de ellos, consultados por EL DIARIO opinaron que a la luz de los estatutos de la compañía Ómar Alonso Toro sí estaba autorizado para hacerlo, pero que independientemente de esto, tal vez su gran pecado radicó en no haber notificado del asunto ni al Alcalde de Pereira ni a la junta directiva.

Por estatutos de Megabús, al igual que en la certificación de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Pereira se estableció que el gerente tiene la facultad para contratar hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero a su vez el artículo 59 de los mismos estatutos determina que una vez dada la autorización para celebrar un contrato cuya cuantía excede el monto anterior, si luego dicho contrato es modificado, adicionado o prorrogado, se entenderá que el contrato y su modifcación, prórroga o adición serán un mismo negocio jurídico para los efectos de la limitación por razones de la cuantía. Y dado que el Otrosí No. 7 no era una adición al contrato de concesión sino una prórroga de la etapa de operación plena debido a la contingencia de la operación de la cuenca que tenía Promasivo y los dos años de operación temprana, se estima que el gerente no requería autorización de la junta directiva para firmarlo.

El caso Promasivo

A la par con todo este entremado de situaciones polémicas, Promasivo le aportó otro ingrediente bien interesante al asunto.

En un documento que firma el abogado Mario de Jesús Arboleda, se hacen dos aseveraciones ante las cuales, hasta ahora, los responsables de los asuntos jurídicos de Megabus no han reaccionado.

Dice Arboleda, que ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, en la actualidad cursan dos demandas de tipo contractual, cuyas pretensiones suman $ 250.000 millones: una por desvinculación de la flota la cual fue presentada el 4 de abril de 2016 y otra por la declaratoria de caducidad del contrato No. 01 de 2004 presentada el 1o de septiembre de 2016. En ambos casos, y esto es asunto delicado, las demandas no fueron contestadas por parte de Megabús.

En las dos demandas, a petición de Promasivo, se vinculó también al Área Metropolitana Centro Occidente, la cual sí procedió a contestar las respectivas demandas.

Preguntas sin respuestas

A todas estas surge una serie de preguntas que aún no encuentran respuesta:

¿Existe interés en que el contrato con Integra para operar la cuenca Dosquebradas termine en el 2023?

¿Quiénes estarían detrás de una eventual licitación pública en ese tiempo para asumir el manejo de esta cuenca?

¿Se está aplicando contra Integra una estrategia de muerte reputacional con el fin de sacarla del mercado?

¿Quiénes son los funcionarios de Megabús que están filtrando documentos a algunos medios de comunicación a espaldas del gerente de la compañía?

¿Y quiénes son los funcionarios de Megabús que en el 2016 no dieron respuesta a las dos demandas de Promasivo?

¿Quién está investigando porqué los funcionarios que debieron responder las demandas de Promasivo no las respondieron? ¿Siguen vinculados a Megabús?

¿Cómo puede pasar que en un riesgo de $ 250.000 millones por demandas sin respuesta desde el año 2016 ni haya responsables?

¿Pasa algo con el área jurídica de Megabús?