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Condena a socialistas por corrupción en España – Europa – Internacional



Una nueva decisión judicial castiga la corrupción política en España. La Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencias el martes sobre el llamado caso ERE, un expediente de subvenciones ilegales impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Andalucía. La decisión coincide con los pasos adelantados el lunes contra dirigentes del conservador Partido Popular (PP) por corrupción.

La sentencia judicial afecta a dos grandes dirigentes socialistas, José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y Manuel Chaves, su antecesor.

Al primero se le imponen seis años de prisión por malversación y prevaricación continuada, mientras al segundo se le castiga con una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. La misma pena recae sobre la exministra Magdalena Álvarez por ese delito. En total fueron 21 procesados y solo dos de ellos fueron absueltos.

La conocida como trama de los ERE (siglas de Expediente de Regulación de Empleo), se inició como consecuencia del cierre de empresas en esa región a finales del siglo pasado.

El desempleo generado en Andalucía (al sur del país) fue resuelto mediante la puesta en marcha de subvenciones sin control, concedidas por diversas instancias de la Junta de Andalucía, el órgano de gobierno regional. Ello derivó en una distribución durante diez años (la primera década de este siglo) de recursos a amigos y allegados de estos dirigentes políticos.

De acuerdo con la Fiscalía, se desviaron más de 680 millones de euros. Solo el 5% de los empleados que se quedaron sin trabajo recibieron ayudas y se presentó el caso, incluso, de casi 200 personas que se beneficiaron de prejubilaciones de empresas en las que nunca trabajaron.

En principio se creyó que estos dineros habían ido a parar a las arcas del PSOE, pero la Justicia desestimó esta posibilidad. No hubo, por tanto, financiamiento ilegal del partido socialista.

Según su secretario de Organización, José Luis Ábalos, la decisión judicial “no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del PSOE”. Aclaró que “cuando ocurrieron los hechos, Pedro Sánchez [actual presidente de España en funciones] era un concejal de Madrid”.

Por su parte, Pablo Casado, líder del PP, pidió a Sánchez que asuma responsabilidades políticas por los hechos ocurridos en Andalucía.

Lo cierto es que en una misma semana los dos grandes partidos tradicionales de España -PP y PSOE- pasan por el banquillo de la Justicia por corrupción. Se trata de una situación en las que no se han visto implicadas las agrupaciones políticas emergentes -Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox-, que no han desperdiciado la oportunidad de recalcar su transparencia frente a estos escándalos delictivos.

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid