El Partido Centro Democrático publicó un comunicado en el que su bancada en el Concejo de Medellín dice rechazar las declaraciones del alcalde Daniel Quintero sobre Tigo-Une porque las considera tendenciosas y porque supuestamente no obedecen a la verdad.
En el mismo comunicado precisaron porqué negaron en cinco ocasiones la venta de las acciones que tiene EPM en UNE e Invertelco. Inicialmente rechazaron que Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez hayan tenido qué ver con la decisión de fusionar a EPM UNE Telecomunicaciones con Millicom, tomada por el Concejo de Medellín en el año 2013.
Lo cierto es que los proponentes de la fusión fueron el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, y el gerente de EPM, Juan Esteban Calle, con el voto positivo de los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera, Carlos Mario Mejía (Partido Liberal), Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera, Nicolás Albeiro Echeverry (Partido Conservador) Carlos Mario Uribe, Róber Bohórquez (Partido Cambio Radical), Jaime Roberto Cuartas y Yefferson Miranda (Partido Alianza Verde).
En segundo lugar, aseguraron que en la presentación del Proyecto de Acuerdo 103, por medio del cual se solicitó la autorización del Concejo de Medellín para activar la cláusula de protección del patrimonio público a través de la venta de las acciones de EPM en UNE e Invertelco, la administración del alcalde Daniel Quintero nunca informó el valor de la participación de EPM en Tigo-UNE y tampoco tenía banca de inversión para valorarla.
Sin embargo, el jueves, 21 de abril de 2022, en la plenaria del Concejo de Medellín, EPM había presentado la valoración de sus participaciones en UNE e Invertelco, la cual fue estimada entre 2.3 billones y 2.8 billones de pesos. Para llevar a cabo esta valoración, la banca de inversión BTG Pactual estuvo acompañada por las empresas Altman Solon (asesor estratégico-mercado), Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (asesor legal) y PwC -PriceWaterhouseCoopers- (asesor financiero-tributario), organizaciones con amplia experiencia, reconocimiento y rigurosidad técnica en cada uno de sus campos.
En el modelo de valoración se consideró la visión de futuro, tanto del negocio de las telecomunicaciones como de las condiciones específicas de UNE e Invertelco.
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En tercer lugar, los concejales de Centro Democrático se refierieron a la administración de Daniel Quintero como “derrochona, burocrática y con graves cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos para fines politiqueros”, y aseguraron que nunca entregó información sobre el destino de los dineros producto de la venta de las acciones, razón por la cual el Centro Democrático dijo “NO” a la venta de la participación de EPM en Tigo-Une.
No obstante, EPM aseguró que si su participación en UNE se llegara a vender en 2.5 billones de pesos, no habría transferencias para la Administración de Medellín, que es lo que le preocupaba a la bancada de oposición en el Concejo. Y si se llegara a vender en 2.8 billones, las transferencias para el Municipio serían de 67 mil millones de pesos, pero llegarían en 2024, cuando Daniel Quintero ya no sería Alcalde de Medellín.
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Por otro lado, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, propuso que se les permitiera invertir en varios proyectos estratégicos que podrían estar relacionados con distribución de gas o energía eléctrica, provisión y tratamiento de aguas o gestión de residuos sólidos, generación de energías renovables no convencionales y la segunda etapa del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Por su parte, Oscar Hurtado, secretario de Hacienda, manifestó la voluntad de proporcionar todos los medios y documentos que requirieran los concejales.
El gerente Carrillo Cardoso insistió en que los recursos provenientes de la enajenación de las acciones de la Empresa en UNE e Invertelco serían usados en el Plan de Inversiones de EPM matriz y en el pago de la deuda asociada a éste. El compromiso de EPM en el período 2022 – 2024 era invertir, aproximadamente, 10.9 billones de pesos para contribuir a la transformación de la vida de millones de personas con la prestación de servicios públicos de calidad con continuidad, cobertura y disponibilidad.
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En ese sentido, EPM estaba respondiendo al condicionamiento de Centro Democrático de destinación exclusiva de los recursos a una inversión de EPM o apalancar inversiones en curso con un fondo especial debidamente vigilado por la academia de la Ciudad, para que hubiera sustitución de activos y no gastos del Municipio, sin ningún control.
Sin embargo, la decisión era negar a toda costa la autorización, como se pudo evidenciar con la intempestiva denuncia del concejal Sebastián López sobre la supuesta subrepticia decisión de la Junta Directiva de EPM de destinar, a través de un crédito internacional, una transferencia extraordinaria por un valor de un billón de pesos para la ejecución del Plan de Desarrollo de Medellín, en año electoral.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, desmintió las acusaciones del concejal Sebastián López y le advirtió que pondría una denuncia en su contra por injuria y calumnia. Igualmente lo invitó a someterse al polígrafo, públicamente, para demostrarle a la Ciudad quién decía la verdad.
El secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, le pidió a la oposición que no le mintiera más a la Ciudad y que no hiciera politiquería barata con este proyecto de EPM, que lo único que buscaba era la protección del patrimonio público.
Carrillo y Hurtado le recordaron al concejal López el Código Penal Colombiano en el que está tipificado el delito de “Abuso de autoridad por omisión de denuncia” (Artículo 417), según el cual, “El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.
El comunicado de la bancada de Centro Democrático en el Concejo de Medellín concluyó que su “único interés es proteger los recursos públicos, buscar soluciones para Tigo-Une técnicas y alejadas de la politiquería de esta administración, y en especial, proteger a los usuarios”.
No obstante, la decisión de negar la autorización de venta de acciones de EPM en UNE, realmente ha puesto en peligro el patrimonio público de los antioqueños.
Hoy, cuando la empresa multinacional privada Millicom está pidiendo que EPM capitalice a Tigo-UNE con 150 millones de dólares, se está demostrando lo que tanto se manifestó en el Concejo de Medellín, en desarrollo del Proyecto de Acuerdo 103: la necesidad de proteger el patrimonio público de una sociedad que sólo daba pérdidas y cero utilidades.
Por esta evidencia desconocida por los concejales, el contralor Distrital de Medellín, Pablo Andrés Garcés Vásquez, dijo que la Entidad evaluaría mediante Auditoría si la decisión que tomaron 11 concejales de Medellín de no autorizar la enajenación de acciones de EPM en UNE e Invertelco, en octubre de 2022, representaba un posible daño económico para la empresa de servicios públicos y para la Ciudad.
Y a propósito de la decisión de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia de iniciar indagación previa en contra de los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández, Julio Enrique González y Simón Molina, por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de un billón de pesos de EPM, el Contralor precisó que las competencias y los objetivos de ambos organismos de control son muy distintos, por lo que no es dable suponer que la Contraloría deba actuar al unísono con la Procuraduría.
En manos de los órganos de control está darle o no la razón a la bancada de Centro Democrático en el Concejo de Medellín, la cual reaparece con su comunicado a la opinión pública en momentos en que la necesidad de capitalización de Tigo-UNE demuestra las dificultades que venía pasando la empresa de telecomunicaciones. El agravante es que ya no hay tiempo de activar la cláusula de protección del patrimonio público que -técnica, jurídica y financieramente, y no políticamente- fue puesta como escotilla salvavidas en el momento de la fusión que no debieron alentar el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y el gerente de EPM, Juan Esteban Calle.