El senador de la República, Nicolás Echeverry Alvarán, les exige al Gobierno nacional y, en particular, al Ministerio de Defensa, que hagan respetar la dignidad de la fuerza pública colombiana y, de contera, garanticen el cumplimiento de su misión constitucional y legal de preservar el orden público en cada rincón del País.
El Senador conservador se refiere a los diferentes acontecimientos en los que contingentes de policías y soldados han sido retenidos, agredidos y, en general, asediados por grupos de civiles, campesinos e indígenas, impidiéndoles cumplir con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, amenazados por grupos armados al margen de la ley.
“No es concebible ver las imágenes de nuestros soldados humillados, en territorios donde históricamente hay conflicto, y que pese a que tienen la legitimidad para actuar en defensa del Estado, el legítimo derecho y el deber constitucional y legal de mantener la soberanía, no sólo no puedan actuar sino que son maltratados”, manifiesta Echeverry Alvarán.
Recuerda que es lamentable que en cumplimiento de la orden de un cese bilateral al fuego, no puedan mantener el orden interno, preservando la seguridad y respondiendo eficazmente a amenazas internas, delitos y disturbios que afectan la estabilidad y la paz en diferentes regiones del País.
“Les recuerdo que nuestros militares y policías tienen las facultades para proteger los derechos y libertades de los colombianos, actuando de manera respetuosa con los derechos humanos y nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Ello implica enfrentar a los grupos armados ilegales que representan amenazas a la seguridad de la población civil. Sin embargo, no lo están pudiendo hacer por restricciones que les ha impuesto el mismo Gobierno”, explica el Senador conservador.
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán pide en el Senado de la República que se actúe en lo pertinente para que la Presidencia, los ministerios de Justicia y de Defensa y, especialmente, la Procuraduría General de la Nación ofrezcan las garantías necesarias para que las fuerzas militares y de policía cumplan con el deber constitucional y legal de preservar la seguridad, la tranquilidad y la Paz en el País.