La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca determinar si, además, el general Ospina “habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos”.
Igualmente, el órgano de control comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, “si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad”.
Por su lado, el Comando del Ejército dijo en un comunicado que las labores de inteligencia y contrainteligencia están definidas en leyes estatutarias.
“En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información”, dice el comunicado.
Y añade: “Es allí donde se sustenta la facultad del Comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del Comandante y su núcleo familiar”.
El documento finaliza ratificando “su política de cero tolerancia con cualquier acto que viole o afecte los derechos fundamentales de las personas”.