Según los detalles entregados por Ricardo Romero, Delegado Contra la Criminalidad Organizada, y Alberto Acevedo Quintero, director del CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante publicaciones en redes sociales gestionaban la salida de ciudadanos colombianos y extranjeros bajos distintas modalidades.
La más preocupante para las autoridades, es aquella donde exigían desde 1.000 hasta 5.000 dólares por llevarlos hasta la isla de San Andrés y, posteriormente, transportarlos en precarias lanchas hasta Nicaragua para que pudieran seguir su recorrido hasta EE.UU.
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Dentro del grupo de capturados se encuentran 5 miembros de la Armada Nacional, un oficial y cuatro suboficiales que, según las investigaciones, entregaban información sobre patrullajes y planes en aguas colombianas, para que las los vehículos acuáticos pudieran evadirlos.
Estos sujetos serán juzgados por concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, lavado de activos y uso de documento falso bajo la justicia ordinaria, ya que para estos delitos no aplica la Justicia Penal Militar