En México, en el quinto ciclo, ya se acordó la creación de condiciones para la prórroga, pero ahora sobre la mesa las partes tienen que definir los detalles, las condiciones e incluso la duración.
La prórroga del cese al fuego supondrá la extensión del mayor cese al fuego acordado entre el Gobierno y la última guerrilla de Latinoamérica, que entró en vigor el 3 de agosto de 2023.
En estos seis primeros meses, el cese al fuego ha resultado en una reducción de la violencia pero ha tenido altibajos, sobre todo cuando se conoció el secuestro por parte de la guerrilla de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.
Las partes llegaban a La Habana con la voluntad de renovarlo, pero con condiciones: el ELN pedía “garantías” de que el cese cumpliera “su función principal”, que era mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil, mientras que el Gobierno quería ampliar los términos y lo que implicaba el cese de hostilidades.
El actual cese al fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, “que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población”.