“El confinamiento al que están sometida unas 27.000 personas impacta en la posibilidad de buscar asistencia médica, que los niños puedan ir a escuela, impacta totalmente en la posibilidad de tener una dinámica ordinaria de vida”, explicó a EFE este lunes la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
El propio gobierno tildó la medida como “una deslealtad” de la guerrilla con los acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz en curso, ya que apenas hace una semana se acordó prolongar el cese al fuego bilateral extendiéndolo hasta el 3 de agosto.
“La declaración de ‘paro armado’ del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, aseguró este lunes el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
El Comando Central (COCE) del ELN se defendió hoy insistiendo en que los paramilitares “tienen el propósito de continuar su guerra contrainsurgente, ahora guerra subsidiada o disfrazada, para constreñir la guerrilla del ELN con la pretensión de doblegarla”.
“El paro armado que se adelanta en el Chocó por parte del Frente de Guerra Occidental es una medida de protección contra las operaciones de agresión y sometimiento orientadas y apoyadas por los Militares y que son ejecutadas por las bandas paramilitares contra las comunidades de la región”, alegó el ELN en un comunicado.