Machado, elegida en primarias como candidata para las elecciones presidenciales previstas para 2024, todavía sin fecha, fue inhabilitada en 2015 y en su momento se dijo que sería durante un año, pero el pasado julio la Contraloría de Venezuela indicó que la inhabilitación se extenderá hasta 2030, decisión ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de enero, por lo que no podrá ocupar cargos de elección popular.
Según la proposición presentada por Uscátegui “el fundamento de todo acuerdo entre los dos países, cualquiera sea su naturaleza, debe ser el respeto por los derechos humanos y la vigencia de las garantías democráticas.