La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino este martes, por un periodo de un año, a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, a la que están asociadas casi seis millones de personas en Colombia, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.
Sanitas, perteneciente al grupo español Keralty, es la segunda mayor EPS del país.
“La Superintendencia de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año”, anunció el superintendente, Luis Carlos Leal.
Según Leal, esta medida se tomó “basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales” de la Superintendencia.
Servicios garantizados
“Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que la funciones de la EPS van a continuar (…) se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios”, agregó el superintendente.
Esta medida se toma con “el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población”, agregó Leal.
“Es un mensaje de tranquilidad; no se está entrando en un proceso de liquidación, no se está acabando la EPS, es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS”, concluyó el funcionario.
Las EPS son las entidades privadas que se encargan de proveer la salud a todos los colombianos, ya sean trabajadores contribuyentes o subsidiados, y reciben su financiación a través del Estado y de las contribuciones de los asalariados.
Sanitas, que cuenta con 5,7 millones de afiliados en Colombia, acumula deudas de 2,3 billones de pesos (casi 600 millones de dólares).
Esta intervención se produce en un momento en que la reforma a la salud presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretende una remodelación del sistema quitándole gran peso a las EPS, está a poco de hundirse por la oposición presentada por la mayoría de partidos políticos en el Gobierno.