Las controversias continúan rodeando a las EPS, según el reciente informe de auditoría emitido por la Contraloría ha revelado prácticas financieras cuestionables de dieciocho Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.
De acuerdo con el informe, estas EPS desviaron cerca de 9 billones de pesos hacia rubros que no guardaban relación con la atención médica a lo largo de varios años.
Entre las irregularidades encontradas destacan los anticipos otorgados a clínicas y hospitales pertenecientes a las propias EPS, así como pagos millonarios a Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que no estaban relacionadas con los servicios brindados.
La Contraloría ha señalado que estos fondos, originalmente destinados para la atención médica, fueron utilizados en actividades no autorizadas, como inversiones o el pago de deudas acumuladas de años anteriores, acciones que están expresamente prohibidas.
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Ante el anuncio de la investigación por parte de la Fiscalía sobre las EPS implicadas en inversiones en sectores no relacionados con la atención médica, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) emitió un comunicado en el que destacó aspectos fundamentales en relación al pronunciamiento de la Contraloría.
“El pasado 19 de febrero, la Contraloría publicó un documento sobre la situación financiera de 26 EPS con las IPS, que revela presuntos indicadores financieros. Tres días después, el gremio remitió a la Contraloría sus observaciones, solicitando revisar la metodología empleada para garantizar la consistencia en la evaluación”, se lee en el documento.