La JEP concluye que por “lo anterior, por el momento, no se concederá la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por el abogado defensor del señor Salvatore Mancuso Gómez”.
El pasado 10 de abril la JEP llamó a Mancuso a rendir una versión libre sobre las masacres ocurridas en las localidades de La Granja (1996) y El Aro (1997), en el departamento de Antioquia (noroeste).
Igualmente, Mancuso también deberá aportar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se “habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales”.
Las Convivir fue el nombre dado a cooperativas de seguridad que acabaron financiando a paramilitares para combatir a las guerrillas.
La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la masacre de El Aro, con 15 campesinos como víctimas mortales, cometida también por las disueltas milicias paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era el gobernador del departamento de Antioquia.
Mancuso fue deportado el pasado 27 de febrero a Colombia desde Estados Unidos donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico, y desde entonces está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, ya que en Colombia es investigado por más de 75.000 crímenes como líder de las AUC, que fue el grupo al que más homicidios se le atribuye durante el conflicto.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró en julio del año pasado a Mancuso “gestor de paz” para terminar el proceso de paz que considera no se concluyó con los paramilitares.
Para que Mancuso cumpla ese papel no debe tener ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad de ninguna autoridad.