El Gobierno colombiano declaró en febrero pasado la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
La medida se dio luego de una ola de violencia contra los funcionarios del Inpec y que le costó la vida a uno de ellos, llamado Jesús Cárdenas, tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
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En esa ocasión, el ministro Osuna explicó que se iba a disponer de dinero para comprar equipos bloqueadores de la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar y planear otras acciones criminales.
El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81.740 reclusos pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad.
Eso significa que la ocupación en las cárceles del país excede su capacidad en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24,7 %, clasificado como alto por el Inpec.