Más allá de la comprensión de lo que significa que una competente EPS como SURA pueda desaparecer en los próximos 65 días hábiles -tiempo que tiene la Superintendencia de Salud para aprobar o no la solicitud de desmonte progresivo de operaciones por parte de SURA-, el País político y sus aliados empresariales aprovecharon la coyuntura para hacer sonar “tambores de guerra”.
Los principios fundamentales del respeto a la dignidad humana y de los fines esenciales del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y los derechos fundamentales a la vida y a la salud y la seguridad social han sido soslayados o usados como pretexto en busca de réditos políticos.