Además, la Corte da cuenta de otros 32 asesinatos de excombatientes en los últimos 12 meses: tres en la región noroccidental, tres en la región suroccidental, siete en la suramazónica, cuatro en el caribe, uno en el nororiente, tres en la región centro andina, dos en el centro oriente y seis en orinoquía.
También existe evidencia de amenazas y atentados y varias alertas tempranas de la Defensoría del pueblo y desplazamientos forzados.
Estos hechos ponen en riesgo los derechos y obligaciones de los firmantes del acuerdo como “la dejación de armas, la participación en política, el liderazgo social y con su comparecencia ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, entre otros”, explicó la Corte.
La resolución, firmada por la magistrada Cristina Pardo, determinó ordenar que se impulse la investigación de los responsables e implementar las medidas de protección.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año han sido asesinados 17 excombatientes de las FARC, el último ocurrió el pasado domingo en Toribío (Cauca) cuando Juan Evelio Rivera fue asesinado en una zona rural en medio de disputas entre las dos escisiones de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC).