El ELN, catalogado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6,150 integrantes, de los cuales más de 3,300 son combatientes. La organización ha sido históricamente acusada de financiarse a través de secuestros, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal.
El Gobierno de Petro ha contado con el apoyo de varios países, incluyendo México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile, como garantes en el proceso de paz. No obstante, las negociaciones han avanzado lentamente, en parte debido a la estructura de mando del ELN y a las tensiones internas dentro de sus filas.
Antes del fin del cese al fuego, el ELN había solicitado ser removido de la lista de Grupos Armados Organizados, reiterando su carácter político. Esta demanda no fue aceptada por el Gobierno, lo que contribuyó a la ruptura del acuerdo.
Paralelamente, el Gobierno de Petro está en conversaciones con otras facciones guerrilleras. Estas incluyen una parte del Estado Mayor Central (EMC), una escisión de las antiguas FARC que no se adhirió al acuerdo de paz de 2016, y la Segunda Marquetalia, una facción que también se apartó del acuerdo de paz tras alegar incumplimientos por parte del Estado.
La reanudación de las operaciones militares sugiere un nuevo desafío para las ambiciosas metas de paz del presidente Petro, en un contexto donde las negociaciones con múltiples grupos armados siguen siendo un proceso complejo y lleno de incertidumbres.