El Movimiento “Creemos” informó a la opinión pública antioqueña que no está de acuerdo con la “Tasa Especial de Seguridad y Convivencia”, que mediante Ordenanza No. 59 de 2024 espera el gobernador Andrés Julián Rendón establecer en la tarifa de energía de los estratos 4, 5 y 6 del sector residencial y en los sectores industrial, comercial y oficial del Departamento.
Esta posición se suma a la de EPM que ha informado en la Asamblea Departamental de Antioquia que el Proyecto de Ordenanza en comento no es jurídicamente viable, ya que representa el riesgo de vulneración del Principio de Legalidad Tributaria.
Los miembros de Creemos dicen que son “conscientes de la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el departamento, especialmente frente a la presencia de grupos criminales y el trato benevolente que reciben por parte del Gobierno Nacional”, pero que, igualmente, son “conscientes de la realidad macroeconómica del país y de Antioquia y sabemos que ni la ciudadanía ni los empresarios están en capacidad de asumir más cargas impositivas”.
Están convencidos de que la implementación de esta sobre tasa encarecerá el costo de los servicios públicos, deteriorará la cultura de pago en la que, históricamente, se han destacado los ciudadanos, empresarios y comerciantes y pondrá en riesgo la estabilidad y el progreso de Antioquia.
Las consecuencias que prevén los diputados no sólo tienen que ver con el incremento en la morosidad de los pagos de los servicios públicos sino con el aumento del desempleo, debido a la nueva carga en los costos para el sector industrial y comercial.
“En este sentido, consideramos que los servicios públicos no deben ser un mecanismo de recaudo de impuestos, tasas o contribuciones adicionales y hacemos un llamado a ser financieramente responsables”, dice el comunicado.
Como alternativa proponen:
1. Implementación y fortalecimiento del modelo de obras por impuestos, en coordinación con el gremio empresarial y entidades como EPM que permita destinar hasta el 50% del impuesto de renta, lo que equivaldría a obtener más de 300.000 millones de pesos al año, dependiendo de las utilidades reportadas anualmente. Este modelo impactará positivamente a los 55 municipios PDET y ZOMAC de Antioquia.
2. Articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con alrededor de 150.000 millones de pesos, aprobados por el presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez Zuluaga para invertir en proyectos de seguridad en los municipios de la región.
3. Fomento de alianzas público-privadas (APP) para la ejecución de obras de infraestructura necesarias, como los 194.000 millones de pesos destinados a la construcción y operación de una nueva cárcel departamental.
4. Venta de activos improductivos del departamento, con base en la Ordenanza No15 de julio de 2024. Esto permitiría destinar hasta el 85% de los ingresos obtenidos como recursos de libre disposición para financiar inversiones prioritarias en seguridad y convivencia.
5. Reestructuración del Proyecto de Ordenanza No. 60, que contempla un empréstito de 1.6 billones de pesos, para garantizar su viabilidad y enfoque estratégico.
En conclusión, el Movimiento Creemos afirma que la seguridad debe ser una prioridad, pero no a costa de aumentar la carga tributaria de los ciudadanos.