El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que iba a llegar al 50 % al cabo de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.
Además, ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para “todos” los ciudadanos y mercancías colombianas, y la “imposición total” de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.
Ese mismo día por la noche la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo colombiano había pasado a estar de acuerdo con los términos de Trump, “incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones o retrasos”.
El severo comunicado emitido por la Presidencia estadounidense aseguró que, según este acuerdo, los aranceles prometidos contra las importaciones colombianas y las sanciones no se iban a firmar, a no ser que Colombia no honrara ese pacto.