El pasado 23 de mayo de 2023, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín E.S.P, liderada por su Presidente, el alcalde Daniel Quintero Calle, aprobó una medida que denominaron “congelación” de la tarifa del servicio de energía que presta la Empresa a los usuarios de los 125 municipios de Antioquia y del Carmen de Atrato (Chocó), la cual estaría vigente desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2023.
La propuesta de Quintero que aprobó la junta consistió en disminuir el valor de las tarifas de energía en un -0.6% para casi todos los estratos en comparación con el mes anterior, lo que en últimas representaría que durante el tiempo de la medida a la gente del estrato 1 podría reducírsele la tarifa en 150 pesos y a la del estrato 6 en 1.200 pesos. Suma que Rodolfo Correa candidato a la Alcaldía de Medellín califica de “ridícula” comparado con las pérdidas que la ciudad va a tener con la medida.
Adicional a lo anterior, el también profesor y ex Secretario de Agricultura de Antioquia, aseguró que esta medida no es otra cosa que un engaño a la opinión pública pues la tarifa de energía está definida técnica y jurídicamente por la Comisión de Regulación de Energía – CREG, y se compone del costo de: GENERACIÓN + DISTRIBUCIÓN + COMERCIALIZACIÓN + PÉRDIDAS – SUBSIDIOS.
De acuerdo con Correa, los subsidios son regulados estrictamente por la CREG y en el caso de los usuarios de EPM ya se han aplicado al máximo. Lo que significa que no es posible legalmente aplicar la medida aprobada por EPM y promovida por el alcalde Quintero, pues en todo caso alguien tendrá que pagar lo que EPM dejará de percibir.
No obstante las advertencias dadas por esta y otras voces de la opinión pública antioqueña, al presidente de la Junta de EPM y actual Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, pareció no importarle el riesgo, y el pasado 6 de julio manifestó públicamente que la Empresa creará un fondo y asumirá los costos de esta media que se estiman pueden ser cercanos a los 100 mil millones de pesos o incluso más; dineros públicos que deberán ser extraídos de otros rubros presupuestales de EPM, para cubrir los excedentes que no serán cobrados a los usuarios mientras esté vigente la medida.
Ante tal anuncio Rodolfo Correa radicó ante la Contraloría General de la República denuncia contra Daniel Quintero y los miembros de la junta directiva de EPM que aprobaron la medida, por considerar que se debe investigar la responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial a la ciudad, pues con dicha decisión, tal como acaba de admitirlo el Alcalde, EPM dejará de percibir al menos 100 mil millones de pesos, es decir, cerca de 25 millones de dólares, y con ello comprometerá las transferencias que en el próximo año debe hacer a la Alcaldía para financiar el pago de programas de inversión social, seguridad, empleo y mantenimiento de la infraestructura, entre otros.
“Este manejo politiquero y antitécnico no puede seguir en EPM y en la próxima Alcaldía nos vamos a encargar de resolver este asunto”, terminó afirmando Rodolfo Correa.