Las cifras del Ministerio de Defensa muestran un panorama alarmante: entre enero y julio de 2025 se registraron 249 casos de secuestro en Colombia, un incremento del 55 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron 160. La violencia afecta principalmente a comunidades rurales y urbanas donde operan grupos ilegales que utilizan esta práctica con fines políticos, extorsivos y de control territorial.
El fenómeno se ejemplifica con el caso de Samuel Londoño Escobar, un joven de 17 años secuestrado el 2 de septiembre de 2025 en Miranda, Cauca. El adolescente fue interceptado por hombres armados mientras recorría en moto una vía rural. El secuestro, captado en video, es hoy la principal prueba para identificar a los responsables.
Le puede interesar: Reaparece Pablo Beltrán y plantea otro modelo de negociación con el ELN
Regiones más golpeadas
Los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca concentran los mayores niveles de inseguridad. Allí, las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo mantienen una fuerte disputa por las rentas ilegales.
En Argelia (Cauca) se registra el mayor número de secuestros en lo que va de 2025. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) advierte que el 44 % de los secuestros de este año han sido perpetrados por disidencias de las Farc, que reactivaron esta práctica para sostener sus economías ilegales.
Aunque el secuestro ya no es tan prolongado como en los años noventa —cuando víctimas como Íngrid Betancourt permanecieron retenidas durante años—, hoy se caracteriza por plazos cortos y exigencias económicas inmediatas.
Nuevos actores y modalidades
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los secuestros en la actualidad responden a múltiples fines: políticos, extorsivos o de control territorial. También han surgido modalidades como el secuestro exprés, por venganza o asociado a trata de personas.
Un caso reciente fue el del menor Lyan Hortua, secuestrado en Jamundí por una banda delincuencial contratada por otro grupo armado. Esto refleja una tendencia creciente: la tercerización del secuestro.