Las declaraciones del funcionario colombiano se producen luego de que el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, pidiera a Colombia el pasado sábado controlar una red de estafas telefónicas que, según dijo, opera desde la prisión de Cómbita y afecta a ciudadanos de varios países de Latinoamérica mediante llamadas que simulan secuestros.
Idárraga sostuvo que la extorsión desde prisión se ha “naturalizado” en Colombia y advirtió que su expansión a otros países es inaceptable.
“No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica”, subrayó, y confirmó que su cartera realizará investigaciones y establecerá contacto con autoridades salvadoreñas para verificar la información y definir responsabilidades.
El ministro también relacionó el delito con los recientes atentados y asesinatos contra funcionarios penitenciarios y anunció la apertura de un espacio de diálogo con los sindicatos del Inpec para fortalecer las medidas de protección del personal.
El sistema penitenciario colombiano arrastra problemas estructurales como hacinamiento, corrupción e ingreso ilegal de celulares, lo que ha permitido que redes criminales sigan operando desde prisión.
Pese a anuncios reiterados de control tecnológico, la aplicación de medidas como el bloqueo de señal ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por extorsión en el país sigue teniendo origen en los centros de reclusión.