En ese escrito esta instancia considera que el coronel retirado “ideó, diseñó y ejecutó (…) un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército”.
El excoronel, según explicó Álvarez, “siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados -en algunos casos provenientes de familias desestructuradas (…)- y población campesina e indígena”.
Los fiscales de la JEP deberán probar ahora en un juicio que Mejía cometió estos crímenes y que lo hizo en alianza con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como aseguran, lo que puede llevarlo a una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP estudia en uno de sus casos los conocidos como “falsos positivos”, y sitúa en 6.402 las personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).