Con su actuación los militares habrían incurrido en “graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil -campesinos e indígenas de la etnia emberá-“.
La Procuraduría explicó que la agresión física y verbal ocurrió “incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario”.
El Ministerio Público solicitó en nuevas pruebas, como los antecedentes disciplinarios de los implicados, una certificación sobre si el pelotón del que hacían parte era un grupo especial que realizaba operaciones encubiertas y la autorización, si existe, para el “uso de estratagemas militares de este tipo y la operación de estos efectivos sin portar el uniforme”.
Sobre este caso, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció hoy el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra pobladores de Bocas del Manso.