Es un proyecto que se comenzó a construir a las afueras de Medellín, capital de Antioquia, y que pertenecía, supuestamente, a un miembro de la narcotraficante ‘Oficina de Envigado’.
“Los inversionistas habían demandado a Colombia para que les devolviera esa suma por supuestamente haber expropiado o haber iniciado las labores de extinción de dominio de modo ilegal”, recordó Osuna.
Sin embargo, el centro internacional le dio la razón a Colombia, alegando que no tenía que pagar nada y avalando la decisión judicial de extinguir el dominio del predio, que en esos casos queda a manos de la Nación.
“Es la primera vez que el centro internacional de arbitraje llamado Ciadi (por sus siglas en inglés) protege a un Estado en su derecho soberano de luchar contra el lavado de activos”, subrayó el ministro de Justicia.