La carne era embalada y trasladada sin cadena de frío desde una zona rural de la localidad de Chiquinquirá (Boyacá) a bodegas en Bogotá y la vecina localidad de Cota, y de ahí, a través de un intermediario, eran vendida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), a centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio.
Además, los animales estaban “enfermos y en malas condiciones” y el matadero no contaba con permisos de ley y operaba “en medio de condiciones precarias de salubridad”, agregó la información.
Según la Fiscalía, Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García eran los administradores de cuatro bodegas clandestinas, y han sido enviados a prisión preventiva.
Otros implicados son John Anderson Pineda, Gildardo Antonio Isaza, Yuber Molina, Luis Alfonso Pecue y Soledad Quintero, que recibieron orden de detención domiciliaria.