El caso se remonta a los señalamientos realizados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien reveló que Ortiz habría actuado como intermediaria para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Estos fondos, según la investigación, fueron obtenidos de manera ilícita y utilizados en un esquema de corrupción relacionado con la malversación de recursos públicos.
El escándalo de corrupción involucra un desfalco de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de camiones cisterna para llevar agua a comunidades de La Guajira. Los contratos, sin embargo, no cumplían con los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida de estos recursos.
¿Qué futuro le espera en este proceso judicial?
A pesar de los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos que enfrenta Ortiz, la jueza reconsideró la decisión inicial de enviarla a un centro penitenciario convencional. En lugar de ello, optó por un traslado a una guarnición militar, asegurando que el traslado fuera supervisado por la Policía Nacional, con el fin de salvaguardar su integridad física. Esta medida responde a la necesidad de protección, ya que el Buen Pastor, el centro penitenciario inicialmente designado, no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar su bienestar.