La entidad Promotora de Salud (EPS) la Nueva EPS, que tiene la mayor cantidad de afiliados de Colombia, completa este jueves, 3 de abril, un año de estar intervenida forzosamente por la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud), la cual fue tomada por el Gobierno Nacional, luego de que la exministra Carolina Corcho denunciara un faltante de 6 billones que se debían destinar a los pacientes. 

En ese momento, el presidente Gustavo Petro le dio amplitud a la denuncia asegurando que, a través de una contabilidad falsa, desaparecieron ese monto de dinero. “Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad. $6 billones entregados por el Gobierno para la atención en salud de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos”, comentó el mandatario. 

El exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal, dijo en su momento que con esa medida se buscaba “proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”, recordando que la Nueva EPS, al ser la más grande, atiende a unos once millones de personas, de los cuales seis forman parte del régimen subsidiado y los restantes del contributivo. 

El primer interventor que se designó fue Julio Alberto Rincón Ramírez. Sin embargo, el 15 de noviembre del 2024, la Superintendencia de Salud lo apartó de su cargo, para en su lugar designar a Armando Camacho Rodríguez. Este cambio se hizo con el fin de poder corregir irregularidades en la gestión financiera, operativa y administrativa de la EPS. 

De la misma manera se detectaron algunas deficiencias financieras y administrativas, ya que los informes entregados por el interventor inicial no cumplían con las normas de calidad, oportunidad y veracidad que se establecieron en la normativa vigente. De paso, no se cumplió con las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 2013 de 2019, ni entregó los reportes que cumplieran con los estándares exigidos por la SuperSalud. 

¿Qué viene para la Nueva EPS? 

Este jueves 3 de abril, la SuperSalud confirmó que, de la misma manera que con la EPS Sanitas, también se prorrogará por un año más la medida de intervención a la Nueva EPS, que tuvo su inicio precisamente, el pasado 3 de abril del 2024. 

Según dicen desde la SuperSalud, esta entidad se mantiene en las causales de intervención contempladas en el artículo 114 del Decreto de Ley 663 de 1993, “relacionadas con incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y en la prestación de servicios a sus usuarios”. 

Se explicó también que, al momento de la extensión de la prórroga, la Nueva EPS continúa sin reportar sus estados financieros a la Superintendencia. Por esta razón, se hizo un llamado para que esta información sea compartida lo antes posible. 

“Como resultado de la medida de intervención, se espera que en el mes de abril el actual interventor publique los estados financieros de la vigencia 2023, tal como lo indicó esta EPS”, dice la SuperSalud.

Intervención de EPS Sanitas

La Superintendencia de Salud (Supersalud) de Colombia prorrogó este miércoles por un año la intervención administrativa a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, del grupo de origen español Keralty, por sus problemas financieros y de atención a sus afiliados.

Según la Supersalud, en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados, “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.

La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.

La Supersalud explicó hoy que, en el caso de Sanitas, “se mantienen los causales de intervención contemplados en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993”.

El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a “instancias internacionales” para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios.

Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general”.

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