Por su parte, el senador Julián Gallo, quien fue exjefe guerrillero bajo el nombre ‘Carlos Antonio Lozada’, destacó que el acuerdo servirá para que “quienes protagonizamos de alguna manera parte del conflicto, ya sea en la insurgencia, en el Estado o en el paramilitarismo, podamos aportar nuestra propia versión de los hechos y los acontecimientos” con el fin de “obtener la verdad completa”.
“No se trata en quedarnos en revisar los orígenes y las causas, sino cómo logramos poder construir una patria que nos permita vivir en convivencia y sobre todo erradicando definitivamente la violencia como método de solución de los conflictos”, afirmó el senador mientras se mostraba “satisfecho” con su firma.
Los aportes se harán por medio de la asistencia técnica, contribuciones voluntarias con testimonios de personas desmovilizadas, víctimas y académicos con enfoques diferenciales y de la construcción de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos.
El Centro de Pensamiento y Diálogo Político, parte de este nuevo archivo histórico, surgió con el Acuerdo de Paz de 2016 con el objetivo de hacer comprender a la población su “compromiso con la paz para las víctimas y la memoria histórica del país”, concluyó Gallo.