Al mismo tiempo, ACNUR ha tenido que suspender dos programas de apoyo a más de 17.000 niños que había iniciado en 2024, “lo que pone a miles de ellos en grave peligro de ser reclutados por grupos armados o ser sometidos a otras explotaciones y abusos”, alertó el portavoz.
Los problemas financieros también amenazan con detener las labores de regularización de unos 500.000 venezolanos refugiados en Colombia, así como el apoyo a los programas del Gobierno colombiano para legalizar asentamientos informales de más de 100.000 desplazados internos, indicó el portavoz de ACNUR.
“Los recortes afectan a las labores de estabilización, integración local y autonomía de refugiados y desplazados”, resumió Spindler, quien recordó que Colombia tiene unos siete millones de desplazados internos, a los que hay que sumar más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos y medio millón de retornados colombianos que habían huido de la violencia.
También señaló que sólo se han recibido un 4,6 % de los 1.400 millones de dólares que la ONU se había fijado en 2025 como objetivo para financiar su asistencia a refugiados y migrantes venezolanos en Latinoamérica.
El portavoz insistió que aunque EEUU había sido una importante fuente de financiación de los programas de ACNUR en Latinoamérica, “otros donantes han llevado a cabo generosas contribuciones en Colombia, caso de Japón, Suecia, Corea del Sur o España”.
“Estamos contactando con ellos para insistir en la necesidad de continuar este apoyo vital, y también proseguimos las conversaciones con las autoridades estadounidenses para poder contactar con su ayuda en el futuro”, agregó.