El Ministerio de Salud informó que, para la vigencia 2026, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento global del 12,94%, lo que representa recursos adicionales superiores a los $11,6 billones para el sistema de salud colombiano.
Según la cartera de Salud, esta decisión se tomó con base en un estudio técnico que contó con la participación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud y responde, entre otros factores, al cierre de brechas heredadas del gobierno anterior.
Estudio técnico y participación institucional
El Ministerio explicó que el cálculo de la UPC se realizó tras un proceso riguroso de revisión técnica, en el que se analizó la información entregada por las EPS durante el año, con el objetivo de mejorar la calidad, confiabilidad y consistencia de los datos.
En ese contexto, la Comisión Asesora recomendó para 2026 un aumento diferenciado de la UPC: 9,03% para el régimen contributivo y 16,49% para el régimen subsidiado, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional orientadas a equiparar progresivamente los recursos entre ambos regímenes.
Más recursos para el aseguramiento en salud
Con este ajuste, el total de recursos reconocidos a las EPS pasará de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones en 2026, lo que equivale al incremento global del 12,94 % anunciado por el Gobierno.
Desde el Ministerio se recalcó que estos recursos deberán ser reconocidos y pagados oportunamente para garantizar el cuidado integral de la población colombiana y fortalecer la atención directa a los usuarios del sistema.
Llamado a la transparencia y al uso eficiente de los recursos
La entidad enfatizó que el aumento de la UPC debe reflejarse de manera efectiva en los contratos de prestación de servicios con hospitales y clínicas, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa de los recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
Finalmente, el Ministerio de Salud señaló que espera que las EPS hagan un uso eficiente y responsable de los recursos, destacando que el esfuerzo fiscal realizado por el Estado es comparable al impacto de una reforma tributaria y busca “cerrar las brechas de desigualdad en salud, avanzar en la justicia social y garantizar el derecho fundamental a la salud”.